Estamos en el tramo final hacia el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En estos pocos días que nos quedan por delante es fundamental convencer a aquellos y aquellas que aún no tienen decidido su voto, llamando a votar SI a la derogación, amparándonos en la posibilidad que nos brinda la Constitución de la República de ejercer la democracia directa. A través del mismo permitiremos que los artículos que más afectan a quienes menos tienen no se apliquen, y si los legisladores entienden que es necesario legislar sobre esos temas tendrán que hacerlo nuevamente y teniendo en cuenta la opinión de la gente.
Esta ley introdujo como “urgentes” casi 500 artículos que tocaron temas de mucha importancia para la vida del país como son la seguridad, la vivienda, la educación, los combustibles, la economía y el trabajo, pero además de la cantidad de artículos también hay que tomar en cuenta que se hizo en medio de la pandemia. Hoy quizás el Covid haya quedado en un segundo plano producto de la guerra en Ucrania, pero hace 2 años hacía imposible la movilización popular para rechazar los artículos, predominaba el “quédate en casa” y la solidaridad entre uruguayos y uruguayas para no contagiar; las 800 mil firmas fueron la forma de rechazar la LUC que encontró el pueblo. Eso nos convirtió en legisladores; el próximo domingo sustituimos a los parlamentarios y les decimos votando SI que hicieron mal su trabajo, que lo que votaron perjudica a las grandes mayorías populares.
El gobierno dice que la gente no se vio afectada en estos 2 años por la LUC, nosotros y nosotras decimos que sí. Mencionaremos algunos de los más nocivos para el conjunto de la población:
- La paridad de importación en los precios del combustible. A partir de su aplicación los combustibles subieron en 2 años cerca de un 30% y si no ha sido mayor es porque el poder ejecutivo decidió no hacerlo después que se juntaron las 800 mil firmas. Esto tiene un efecto en la suba de los precios de la canasta básica y hoy en 3 meses la inflación se comió el ajuste de enero, por lo tanto habrá una mayor pérdida salarial, la que se sumará a la que arrastramos desde el 2020 de casi un 5%.
También los jubilados sentirán la rebaja ya que las jubilaciones aumentan a partir del IMS.
- La regla fiscal fue otro de los ajustes que sufrieron los más vulnerables. Con cerca de 100 mil nuevos pobres y con la caída del empleo el gobierno legislo cuanto podía ser el endeudamiento del Estado, asesorado por un comité de expertos seleccionados por el propio gobierno. Los anuncios del “ahorro” para mejorar las cuentas se hizo a base de ajustar los salarios y las jubilaciones, además de no dar prestaciones sociales a los más vulnerables. Recortes en épocas que el Estado debió estar más presente que nunca. La solidaridad se hizo presente en las ollas populares que al día de hoy se mantienen.
- En esta situación de pobreza y desempleo la ley habilita una nueva forma de alquilar sin garantías, algo que ya existía pero que fue “mejorado” según el gobierno, la “mejora” radica en que si hay un atraso en el pago del alquiler la mora será de un 60%…y en 6 días será desalojado. Pero si es buen pagador y no acuerda un nuevo contrato con el propietario será desalojado en 30 días. Se argumenta que jóvenes podrán acceder a un alquiler con esta modalidad, difícil que sean hijos de trabajadores del interior de país que vienen a estudiar a la capital.
- Es evidente que la política llevada adelante por un gobierno de derecha generará movilizaciones sociales, por ello esta ley reglamenta el derecho de huelga. No es igualable el derecho del patrón al del trabajador, tampoco el del no agremiado. Hoy en la huelga los no sindicalizados ingresan, después se discutirá o no el papel que les toca si la huelga triunfa, pero lo que habilita la ley es el ingreso de personal nuevo para romper la huelga. Solo hay que ver lo ocurrido con las trabajadoras del citrus en Salto. Ante el reclamo por los haberes impagos las trabajadoras, muchas ellas jefas de familia, se concentraron a protestar en la puerta de la empresa; la policía protegía a los contratados por la empresa para romper la huelga.
No cabe duda que esta ley hecha por un gobierno de derecha se hizo a medida de los poderosos, es por ello que la apoyan la Cámara de Comercio, la Asociación y la Federación Rural y la Asociación de Cultivadores de Arroz. No es un problema solo del PIT – CNT como nos quieren hacer creer sino que es de todos los trabajadores y trabajadoras.