Fernando Ferreira
A poco de asumir el actual gobierno frenteamplista se generó un debate sobre la desindexación salarial. Esta se asocia, generalmente, a la necesidad de que los salarios no acompañen la inflación con la finalidad de controlarla, siguiendo el pensamiento de muchos economistas que opinan que los aumentos salariales la empujan al alza; también es posible hablar de un proceso de desindexación del crecimiento económico asociado al del Producto Bruto Interno (PBI).
La política salarial que definen los distintos gobiernos no solo marca avances y retrocesos en los ingresos de los trabajadores sino que, además, marca la predisposición a mejorar la distribución de la riqueza y a reducir la desigualdad y la pobreza.
Al planificar la política económica, entre sus ejes fundamentales vamos a encontrar las pautas salariales o lineamientos para el sector privado y el presupuesto, y las sucesivas rendiciones de cuentas en las que se define la política salarial para el sector público; mientras estos últimos se discuten en el Parlamento, el sector privado lo hace a través de los Consejos de Salarios, cuya convocatoria es privativa del Poder Ejecutivo.
La dictadura cívico-militar aplicó un ajuste feroz contra la clase trabajadora, reflejado en una pérdida salarial promedio de casi un 50%, una pobreza cercana al 40% y una deuda externa equivalente al 90% del PBI. El retorno a la democracia retomó la convocatoria a los consejos de salarios y allí los trabajadores lograron recuperar algunos de los beneficios perdidos durante el gobierno de facto. Pero la llegada al gobierno de Lacalle Herrera suprimió la convocatoria y las mejoras de los trabajadores quedaron limitadas a los convenios bipartitos; habrá que esperar hasta el primer gobierno del Frente Amplio en el 2005 para una nueva convocatoria y desde ese año hasta la fecha no hubo interrupciones; sus resultados han ido de más a menos siendo el año 2015 el del inicio de la desindexación.
Los diferentes lineamientos o pautas presentadas por el primer gobierno de Tabaré Vázquez y el de José Mujica presentaban ajustes que acompañaban el proceso inflacionario y porcentajes adicionales por concepto de crecimiento, lo que no solo mantenía el poder de compra sino que lo aumentaba generando una mejor distribución del ingreso después de la crisis económica del año 2002 bajo el mandato de Jorge Batlle.
Ya en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez se dejaron de aplicar los adicionales para que el salario creciera y se propusieron 3 niveles de ajustes de acuerdo a la “autoclasificación” de cada sector: medios, dinámicos y en problemas. Al ajustar solo a la inflación esperada y correctivos anuales, pero sin ajustes por encima de acuerdo al crecimiento del país se vuelve a un proceso de desindexación, que se profundizó aún más con la llegada al gobierno de Lacalle Pou: durante la pandemia los trabajadores transferimos al capital U$4.532.000.000 fundamentalmente en 2020 y 2021.
Habrá que esperar hasta el 2024 para recuperar el poder de compra que tenían en 2019 y, en algunos casos, lograr un crecimiento de algo más del 2% aunque la economía del período haya crecido un 6.5%. En 2024 se registraron 67.000 ocupados más que en 2019 con salarios sumergidos, conocidos como 25.000 pesistas.
Los actuales lineamientos no apuntan a cambiar lo que desde el 2015 se viene instrumentando en cuanto a política salarial. El Poder Ejecutivo presentó lineamientos en los que se establecen franjas por ingresos en tres niveles: el nivel 1 es de salarios de hasta $38.950, el nivel 2 recoge los salarios de $38.951 a $165.228, mientras que el nivel 3 los de $165.229 o más. Pero este no es el único cambio que se introduce por el actual gobierno ya que incorpora la “inflación subyacente”, concepto novedoso para la negociación colectiva, que es aquella que toma la inflación sin tener en cuenta combustibles y alimentos, durante el primer año para aplicar el correctivo en caso que correspondiera, y cierra los convenios tomando la inflación observada durante los 2 años de duración para la corrección final.
Otro aspecto que cambia la lógica que hasta ahora guiaba la negociación colectiva es la posibilidad de que los salarios por encima de $165.229 puedan ser desindexados doblemente, es decir, tanto del crecimiento de la economía como de la inflación, ya que si la misma supera la prevista por el Poder Ejecutivo no tendrá correctivos. Quizás el gobierno se base en que en esta franja salarial solo se encuentra el 6% de los trabajadores amparados por los Consejos del sector privado, pero no deja de ser un hecho novedoso que afecta a quienes también son trabajadores asalariados.
En los otros 2 niveles la situación es bastante dispar, ya que en los salarios más bajos -según el gobierno- son el 30% de los trabajadores que negocian, se puede dar un crecimiento salarial cercano al de la economía, un 2.4% si la inflación se mantiene en el 4.5% que espera el gobierno, pero una vez superada la franja obtendrá los ajustes del nivel 2. A modo de ejemplo, si alguien percibe $38.000 pesos nominales por 48 horas semanales, el primer año recibirá los aumentos previstos para la franja, pero para el segundo año del convenio recibirá los ajustes previstos para el nivel 2. El grueso de los trabajadores, el 64% restante, podrá crecer un 1.3% si la inflación se mantiene en lo que aspira el Ejecutivo, pero ya por debajo de lo que se prevé lo haga el PBI, manteniendo el criterio de desindexación del salario respecto al crecimiento de la economía; al igual que el primer nivel el pasaje de franja modificará los ajustes para el segundo año.
La expectativa creada en la clase trabajadora por la asunción de un gobierno progresista, que permitiera recuperar lo perdido en los 5 años de gobiernos de derecha, se dio de bruces contra la realidad. A esto hay que sumarle la poca capacidad de respuesta del movimiento sindical, que solo se movilizó de manera parcial y sin posibilidad de revertir la situación. Pero también debemos reconocer que, para muchos colectivos con bajas posibilidades de movilización y salarios sumergidos, estos aumentos son una bocanada de aire fresco.
Más allá de estas reflexiones particulares, la política de desindexación del salario del crecimiento económico del país y de algunos sectores de trabajadores, de la inflación, marca una política económica que seguirá en el debe con la distribución del ingreso, de la riqueza y en avanzar en la eliminación de la pobreza.