Diálogo 1968 
Cuando este gobierno ultraliberal y de derecha anti-trabajadores ganó las elecciones, sabíamos cuales era sus planes para desandar los avances progresistas (grandes o pequeños) de los 15 años anteriores. Instalaron el mercado regulador típico de esta ideología: el Estado como juez y gendarme, con un apoyo minúsculo al proletariado más sumergido, que aparece cuando las patronales lo precisan (inundaciones, sequías, exoneraciones fiscales, bajar salarios, jubilaciones y pensiones entre otros).
Pasada ya la mitad del gobierno, la coalición ha cumplido con gran parte de su plan: implementar la LUC, regalar el Puerto por 50 años, debilitar ANCAP, permitirle a empresas privadas de telefonía móvil el uso de la Fibra Óptica de Antel; en un contexto de rebajas salariales y recortes presupuestales en la rendición de cuentas, aprovechando la crisis producto de la pandemia y ahora de la guerra; debilitando el Sistema de Salud, favoreciendo a mutualistas privadas en detrimento de la atención y de ASSE. Todo esto entre otras cosas.
Les falta «coronar la torta» y la Reforma de la Seguridad Social es la frutilla. Tiene que ser ahora, lo más lejos posible para que su debate social no sea parte de la campaña electoral, con o sin un nuevo referéndum sobre la misma.
REFORMAR JUBILACIONES Y PENSIONES.
Desde hace varios años y tras varias contiendas, en el sistema político se oyen voces reclamando una reforma de la seguridad social. Si bien esto es sólo una reforma del sistema jubilatorio, todo ha estado basado en tres pilares: el déficit fiscal que se provocaría, el aumento de la expectativa de vida, y por último el desequilibrio en las ayudas presupuestales a los adultos mayores en detrimento de los niños.
Cimientos muy frágiles, en primer lugar, porque se basa en una falsedad: que los trabajadores activos cubran con sus aportes jubilaciones dignas. Es falso no solo por el alto desempleo, la informalidad y las exoneraciones a patronales, sino porque hace décadas que eso no sucede ni en nuestro país ni en el mundo. La solidaridad intergeneracional que reclamamos significa que la sociedad activa se haga cargo de los menores, los discapacitados, los enfermos, los pensionistas y los jubilados, porque debe y puede.
Por otro lado, si la humanidad tiene una mayor perspectiva de vida, debería ser para disfrutar el retiro, no para explotarnos, oprimirnos y alienarnos más tiempo, como alertábamos en una declaración de agosto del 2018 frente a propuestas de la senadora Verónica Alonso al respecto.
Y el tercer punto es una falacia, porque es oponer la pobreza infantil a la proveniente de jubilaciones y pensiones. Esto plantea que existe un desbalance entre los apoyos a las generaciones, sin tener en cuenta como eliminamos las desigualdades sociales y la pobreza en general.
No pretendemos hacer aquí un análisis exhaustivo de toda la ley que entró al senado el pasado 21 de octubre, es prácticamente la misma que su anteproyecto presentado al FA hace semanas. Pero sí queremos mostrar lo más visible de la catástrofe propuesta, que no es –como mencionamos líneas arriba- una reforma de la Seguridad Social, sino meramente una reforma jubilatoria.
Si bien la Reforma como un todo empezará a regir en 2043, habrá una transición que comenzará en 2033 y habrá prestaciones que regirán a partir del mes siguiente de su aprobación.
Los años que se exigirán para jubilarse al final del proceso de transición, serán 65, a diferencia de los formales 60 actuales (porque el promedio real es de 63) y si el promedio real es otro en un futuro, por qué no pensar que en lugar de 65 sean 68, buscando lo mismo que hacen les uruguayes hoy (tener un poco más de jubilación). Por otro lado, la justificación de que pasando los 65 «se incentiva» con una mayor tasa de reemplazo (jubilación), no es un cambio porque ya es así.
Apelando a su “sensibilidad” la coalición de gobierno garantiza los 60 años a los trabajadores de la construcción y rurales (en caso de haber trabajado en esas áreas un porcentaje de los últimos diez años de referencia), por las características del esfuerzo de estos trabajos. ¿Y las trabajadoras domésticas? ¿Y el trabajo asistencial en la salud? La lista podría agigantarse respecto a los esfuerzos que luego de los 60 años son difíciles de sobrellevar.
Respecto a los años que se tomarán de promedio, aumentan con respecto a los actuales, ya que se encuentra en la comparación entre los 10 últimos y los 20 mejores (el más bajo), y se pasará directamente a los 25 mejores. Veinticinco en 30 –mínimo de trabajo- es más del 80% de la vida laboral que se tomará en cuenta, lo que significa acercarse al mínimo de la historia de trabajo. A diferencia de la Caja Militar, donde el salario que se toma en cuenta para la jubilación es el último.
En términos de ingresos, que debería ser una preocupación de un sistema que se dice deficitario, lo único mencionado es hacer trabajar más años (5) y aumentar obligaciones para acceder a beneficios. De hecho, el aumento del financiamiento de las jubilaciones y pensiones, es por parte de los trabajadores.
Sobre los fondos de las AFAPS, que podrían ayudar a cubrir los llamados déficits fiscales de la seguridad social, no sólo no se propone limitarlas, sino que además aumentarán los aportantes y el porcentaje del aporte del trabajador a la Seguridad Social que se le destina. Situación similar a la de la Caja Militar, mayor contribuyente al déficit fiscal (cerca de 400 millones de U$S anuales), que se mantendrá como está en el plano de los años y retribuciones hasta el 2033 y luego los cambios serán mínimos.
En estos días sectores del FA que se aprontan para sus congresos, han hecho charlas sobre la reestructura impositiva que precisa el país y que un nuevo gobierno del FA debería realizar. Apoyados en eso pensamos que parte de esa reforma debe estar dirigida a solventar la Seguridad Social (Impuesto al patrimonio, IRAE) y algunos que son directos como la eliminación de las exoneraciones a ciertas patronales (enseñanza y salud privadas por ejemplo) y el aumento a otras, como las agropecuarias, que aportan a la Seguridad Social muy por debajo de lo que hacen los propios trabajadores y por debajo de lo que aportan las patronales industriales.
No compartimos que se precisará un diálogo social para reformar la seguridad social, porque con este gobierno no es posible acordar nada. Su propuesta es la que está hoy día en el Parlamento: es decir recorte de jubilaciones futuras (las actuales ya se recortan, a través de la inflación y la forma de calcular los ajustes).
El FA DEBERÍA VOTAR EN CONTRA de la frutilla de la torta liberal de este gobierno coaligado en general (salvo alguna excepción) y prepararse si se aprobara como parece ser, para modificar, en caso de obtener mayorías parlamentarias a partir del 2024, todo lo posible de esta ley contraria a los intereses del proletariado. Una ley, que como repite el representante de los trabajadores en el BPS, nos hará trabajar más y cobrar menos.
