Durante la campaña electoral de 2019, el discurso de quienes hoy son gobierno consistía en machacar hasta el cansancio con una idea en concreto: la educación del Uruguay está en crisis, y esta crisis se debe a que “los últimos gobiernos han sido incapaces de generar mejoras significativas”1 en materia de educación.
Para el gobierno la crisis consiste en “problemas de cobertura, desvinculación, inequidad y calidad de aprendizajes”2. Podríamos decir que hay cierto consenso a nivel nacional en que estos elementos son alarmantes y constituyen problemáticas a solucionar, tanto a nivel del sistema político como en el común de la gente.
Ciertos datos son muy mencionados en los medios de comunicación y redes sociales, como el de la baja culminación de la educación media (solo 42% de las personas termina bachillerato3) o que la tasa de culminación es aún más baja en los sectores de menores ingresos. Estas son problemáticas que los gobiernos del Frente Amplio intentaron atacar.
Un ejemplo de ello fue el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (SPTE4) que buscaba, entre otras cosas, prevenir la desvinculación educativa identificando situaciones particulares de dificultad para sostener la vinculación con el sistema educativo de algunos estudiantes. En base a ello, se generaban estrategias educativas que atendían, por ejemplo, momentos clave como la transición de un ciclo educativo a otro, o las situaciones de adolescentes que estudiaban y trabajaban a la vez.
No obstante, en aquél entonces el discurso era que «no se había hecho nada», siendo que la desvinculación había descendido si tenemos en cuenta que la tasa de egreso era del 35% en el 2016 y pasó a 42% en 20185, pese a que continúa siendo un guarismo alarmante. No obstante este gobierno desarmó el SPTE en tanto sistema, volviendo al trabajo descoordinado y sin un plan claro de cómo afrontar esta problemática.
Por otro lado, la política focalizada los nuevos liceos María Espínola fueron anunciados como «la pieza clave de la transformación curricular»6 cuando sinceramente, si se juzga la implementación de esta política focalizada y no la política escrita «en el papel», no distan mucho de un liceo de tiempo extendido que contara con una propuesta de talleres como la de los Módulos Socioeducativos7 igual a los que existían en el período pasado, antes de que este gobierno discontinuara estos últimos.
Es por ello que la gran pregunta que nos surge es ¿hay hechos y elementos suficientes para hablar de una transformación o una reforma educativa? ¿O es solamente una campaña de marketing, es decir, de vender la imagen a la población de que estamos frente a una gran reforma educativa?
Con esto no queremos decir que no haya cambios. Hay un leve «giro a la derecha» o en muchos casos ni siquiera se puede identificar un signo político, sino simplemente intentos de hacer algo similar a lo anterior, pero cambiando algunos elementos, llamándole de manera más sofisticada y con una puesta en práctica bastante penosa y desorganizada.
La discusión es extensa, ya que los cambios son bastantes y comparar todos los elementos podría llevarnos muchas páginas. La síntesis de nuestro pensamiento es que hay una lucha por la hegemonía, es decir, por la construcción de sentidos en torno a lo educativo, la crisis de la educación y lo que se está haciendo por solucionarla.
Esta nueva construcción de sentidos consiste por parte del gobierno en instalar en el imaginario de la población mediante largos y elocuentes discursos sobre cómo están solucionando, con “innovadoras” medidas, los grandes problemas de nuestro sistema educativo público, con cierto afán refundador que se expresa en cambios de logos y nombres de programas, políticas e institucionalidades varias.
Este afán refundador también se expresa por ejemplo en materia de seguridad, donde las grandes medidas que se prometieron en campaña para solucionar la desastrosa situación que ellos veían terminaron siendo cambiar los logos de los patrulleros y maquillar las cifras de las denuncias, homicidios, etc. Por supuesto que los cambios introducidos en la LUC en esta materia fueron muy importantes, siendo de un retroceso y de un punitivismo despreciable, pero que verdaderamente no consiguieron efectuar ningún cambio en la «inseguridad» que la población siente.
En materia de educación ocurre parecido: nuevos logos, nombres y estrategias innovadoras que verdaderamente están más enfocadas en generar la imagen en la población de un proyecto educativo radicalmente distinto, innovador y eficiente en solucionar los grandes problemas de nuestro sistema educativo, y generando por otro lado grandes desastres que dicho sistema pagará caro.
Un ejemplo de esto es el desmantelamiento de políticas que sí lograron revertir la situación de desvinculación de muchos jóvenes, y los brutales recortes que dejan en una situación muy complicada a la realidad educativa nacional del Uruguay, afectando la calidad de los aprendizajes y la distribución social de los mismos (generando lo que se conoce como «brecha educativa»).
Vinculado a esto último, queremos cerrar este editorial con el siguiente párrafo del informe “La crisis mundial de la educación”, elaborado por Philip Coombs y su equipo del Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación en 1978, entendiendo que conserva plena vigencia:
“(…) no podemos eludir el hecho de que los sistemas de enseñanza, por muy eficientes y eficaces que puedan ser, necesitarán mucho más dinero del que, conforme van las cosas, es probable que reciban. Una educación cara puede ser pobre, pero una buena educación nunca es barata. Y el mundo estará necesitando, en mucha mayor proporción, de una buena enseñanza.”
Informe Coombs, 1978
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1 https://lacallepou.uy/compromiso.pdf
2 op. cit.
4 https://www.ces.edu.uy/files/propuesta-para-un-sistema-de-proteccion-de-trayectorias-educativas.pdf
5 logro y nivel educativo alcanzado por la población 2017. Ministerio de Educación y Cultura.

