Un 20 de mayo cargado por nuevas disputas

Bajo la consigna “¿Dónde están? Nunca más Terrorismo de Estado”, este 20 de mayo se conmemora una nueva Marcha del Silencio convocada por Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos con el apoyo de innumerables organizaciones sociales, sindicales y el Frente Amplio. Ya han pasado 27 marchas de aquel frío otoño de 1996, cuando estalló un grito silencioso en medio de la oscuridad aplastante, de la amnesia y la impunidad. Cada año los familiares, las viejitas incansables de lomo curtido de una vida cargada de incertidumbres, de injusticias, de no saber qué pasó ni dónde están, marchan en una carrera vital sostenidas por las nuevas generaciones de jóvenes comprometidos en una clave de amor, que toman las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, y levantan sus puños orgullosamente recordando a los que no están, a sus luchas por una sociedad más justa. 27 años remando contra la corriente, pero replicando en cada rincón, contra los otarios del negacionismo, una causa que nos compromete como sociedad, que nos interpela como ciudadanos, y que nos inquieta porque la impunidad nos atraviesa.

Es cierto, desde 2005 al 2020 se ha logrado avanzar bastante en esta materia, desde la puesta en marcha del artículo 4to de la ley nro. 15.848 que establece la Caducidad de la pretensión punitiva del Estado lo que ha permitió que militares y civiles pasaran por la justicia; las investigaciones realizadas por la Universidad de la República sobre los detenidos-desaparecidos; las excavaciones por el Equipo de Antropología Forense que ha hallado cuerpos en predios militares; varias leyes reparatorias (muy limitadas, por cierto), diversas formas de reparación simbólica en el escenario público, hasta creación de la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. 

Pero también es cierto que no ha sido suficiente, la voluntad política de la izquierda en el gobierno ha encontrado sus límites en la búsqueda de ciertos equilibrios provocando que se mantengan casi intactas las estructuras fundamentales de la impunidad, con una Justicia que más de las veces actúa con cierta desconfianza sobre las causas poniendo un manto de sospecha sobre las víctimas con un ostracismo vergonzante. 

Sin embargo, este ciclo que bien podríamos definir como el de la eclosión del pasado en tiempos del progresismo en Uruguay, ha terminado. La coalición “multicolor” de derechas que gobierna el país desde el 2020 representa un retroceso considerable sobre algunos temas que creíamos superados, en materia de políticas públicas y de Estado. No sólo que las aspiraciones de verdad se alejan, jaqueadas por visiones amnésicas que vuelven a tener a sus máximos exponentes figuras ya conocidas, sino que desde el propio Estado se retoman viejas claves explicativas para dar una disputa conceptual y política sobre el pasado. Lejos de intentar enterrar el tema, de olvidar “para no vivir con los ojos en la nuca”, el pasado se vuelve preponderante en tanto representa un campo batalla político y cultural, impulsado por una marea liberal (en el mejor de los casos) reaccionaria a la ola progresista. Es más, gran parte de esta disputa se da en términos retóricos similares que históricamente vienen sosteniendo las organizaciones de familiares y de Derechos Humanos, apropiándose de sus propias palabras y conceptos, buscando formas de reparación que se reproducen asimétricamente. 

Así mismo, esta política de Estado es apoyada no solo por un sistema político oficialista casi unánime, sino que también tiene su propio desarrollo social. En los últimos años han aflorado en la escena pública organizaciones sociales que intentan “representar” a la “otra parte” de la historia, como si existiera, identificándose como una población que también se define víctima, pero ya no del Estado, sino desde el “otro demonio” responsable de todos los males. Estas organizaciones, que también tienen en sus filas a viejas figuras de la política uruguaya, han encontrado un espacio de escucha social que no parecería aconsejable desconocer.  

Este nuevo escenario, que bien podríamos definir con mucho esfuerzo como de retorno de viejas concepciones sobre el pasado reciente que desacreditan y disputan las causas de familiares y de los Derechos Humanos. Retorno en tanto no representan una innovación discursiva, sino que afloran y eclosionan en un nuevo escenario que les es favorable, porque siempre estuvieron ahí, trabajando casi en silencio, a las sombras esperando la oportunidad para acechar en la escena pública. Sin dudas vivimos en un nuevo momento que dista mucho de las viejas disputas de los años ochenta y noventa, porque ahí lo que estaba en juego era la memoria contra el olvido, contra la amnesia, mientras que ahora el pasado toma un nuevo sentido donde se reafirman la memoria y el recuerdo en una clave de disputas políticas concretas y determinadas. 

Pareciera ser, y muchos seguramente coincidirán conmigo, que el renacimiento de la “teoría de los dos demonios”, esa mirada nacida en el seno de la CONADEP en Argentina e introducida Uruguay por el primer gobierno posdictadura, resultaría la clave explicativa de esta nueva coyuntura. Pero, además, estratégicamente parecería ser un acierto de esta nueva tendencia. Esto argumenta y hace posible en la arena política, y en el respaldo social que, repito, no debemos desconocer, las posibilidades de creación de una ley de reparación hacia los familiares de víctimas de las acciones de grupos políticos de civiles armados, que operaron en nuestro país entre 1963 y 1973 (aunque la ley indica el año de 1976), propuesta originalmente por Tabaré Vázquez pero fracasada. Y acá es importante detenernos un momento y hacer tres puntualizaciones claras que han marcado la agenda de discusión política, al menos desde diciembre pasado a la fecha. En primer lugar, una ley reparatoria sobre la acción de violencia política civil como tal no era un objetivo buscado en este nuevo proyecto ya que, como diversos legisladores del Frente Amplio bien han puntualizado, debería incluir a las víctimas de los comúnmente llamados “escuadrones de la muerte”, una serie de grupos parapoliciales y paramilitares, apoyado por civiles de extrema derecha que operaron en el Uruguay fundamentalmente entre 1971 y 1973. Si la ley se hubiera manejado como tal, sin dudas se provocaría una deslegitimación social y política de estos nuevos grupos ya que se saldría de la centralidad que la oposición a las víctimas del Estado únicamente estarían las víctimas de la guerrilla.

 En este sentido, se introduce el segundo problema: la equiparación de víctimas. Aquí no vamos a discutir si los miembros de estos nuevos grupos son o no son víctimas, no nos arrogamos una posición política e intelectual válida para hacerlo, no obstante, nos parece una aberración política, conceptual y hasta moral intentar equiparar a estos dos supuestos grupos de víctimas. En primer lugar, de todo este proceso solo existe una víctima y fue la sociedad en su conjunto, ya que fue el terrorismo de Estado y la acción de violencia política institucional la actuó como matriz para que desde la orbita pública se dirimieran los disensos políticos. Pero además, si así lo fuera, que basados en la teoría de los dos demonios pudiéramos establecer al menos dos grupos de víctimas, son sólo los estados los que cometen delitos de lesa humanidad donde el mismo Estado como tal repara únicamente sus acciones. Aún más, en caso de que también aceptásemos que estos grupos de víctimas son pasibles de reparación, como la ley aún no aprobada indica, el Estado entraría en un conflicto bastante serio ya que muchas de estas víctimas, sobre todo las institucionales (policías y militares) y algunos civiles fueron reparadas sus familias económica y simbólicamente en su momento. ¿No nos llama la atención que desde estos grupos sociales no se reclame justicia? Es más, la reparación no fue una demanda social sino política encabezada desde Cabildo Abierto donde estos grupos modificaron sus discursos en una posición claramente oportunista que los beneficia. 

En tercer lugar: la disputa histórica y conceptual concreta. La equiparación de víctimas tiene como principal objetivo retomar una carga de responsabilidad histórica sobre la izquierda. Como tal, la teoría de los dos demonios establece que la dictadura (colocada como el segundo demonio) actuó como respuesta a la acción guerrillera (el primer demonio): “nada de esto hubiera pasado si la guerrilla no hubiera hecho lo que hizo”. Pero aquí también se verifica una transformación discursiva que esconde el centro de la disputa. Desde la coalición política que gobierna como desde los grupos sociales, en un primer momento se definían las “víctimas del terrorismo subversivo” admitiendo tácitamente la existencia de múltiples formas de terrorismo, como el de Estado. Sin embargo, la retórica actual indica a las “víctimas del terrorismo” a secas, considerando ya conscientemente y presentado una disputa concreta que en Uruguay existió una única forma de terrorismo que fue la que desarrollaron los grupos armados. Entonces, en este escenario, ¿cómo queda el terrorismo de Estado? Pareciera estar en una zona gris de indefinición a partir de una mirada que las entiende como “una forma institucional de defensa de las instituciones caracterizadas por excesos puntuales”. Y sin dudas, esto es lo más grave de todo. De esta forma, las víctimas del terrorismo de Estado escapan a esa clasificación para ser catalogados con un nuevo agenciamiento político: “terroristas” que conscientemente forjaron una “guerra civil” (como se quiso implantar en la educación) sufriendo las consecuencias de los que ellos mismos se introdujeron. Entonces, las causas que llevan adelante Familiares de Detenidos-Desaparecidos e incluso innumerables grupos de Derechos Humanos y de agrupamientos de ex-presos y ex-presas políticas que se desarrollan a lo largo y ancho del país carecerían de validez política y conceptual. Por lo tanto los policías, civiles y militares presos en Domingo Arena por delitos de lesa humanidad “son presos políticos”. 

Es evidente que, desde la coalición multicolor, el Estado ha tomado un nuevo posicionamiento en muchos casos no tan jaqueados por Cabildo Abierto, el socio que se quiere presentar como incómodo, sino que legisladores de los otros cuatro partidos también salen a la opinión pública a defender las demandas cabildantes ya que en última instancia comparten estas miradas sobre el pasado reciente. También está el problema de la prisión domiciliaria hecha a medida para la liberación de los perpetradores, pero son los mismos legisladores nacionalistas y colorados los que salen a defender esta posición y es el mismo presidente la que la admite y válida como una carta de negociación, por ejemplo, por la reforma de la seguridad social. La diferencia entre Cabildo y el resto de la coalición es que el primero no mide los costos políticos, lo que tiene intranquilo al resto.

Firma: Margarita