Diálogo 1968 Varey Viera
Desde la quietud del Cono Sur, las imágenes que llegan de Gaza parecen de la peor distopía jamás contada.
Son, sin embargo, el fruto amargo de decisiones humanas y de una maquinaria de destrucción que el derecho internacional tiene herramientas para frenar.
Son el resultado de la decadencia moral y ética de una sistema de opresión en retirada, un capitalismo que no encuentra otra justificaciòn para su permanencia que una atrocidad, las mas cruel que el mundo contemporáneo haya visto: un genocidio en vivo y en directo.
Uruguay, un país que ha basado su política exterior en la defensa inquebrantable de la paz y los derechos humanos, se encuentra ante una prueba decisiva: demostrar que está a la altura.
Su silencio, o tibia condena , no solo es una incongruencia histórica; es una violación de sus propias leyes y compromisos solemnes con la humanidad.
La Global Sumud Flotilla navega hacia Gaza, no como un acto de provocación terrorista como pretende vender el lobby sionista , sino como un recordatorio flotante de que el bloqueo sobre dos millones de personas es ilegal e inhumano. Hay un Estado que utiliza el terror para sostener un plan sistemático de exterminio a toda la población por el simple hecho de existir.
La flotilla es una expresión necesaria e imprescindible de solidaridad, es el grito de los pueblos del mundo que exige que la ayuda humanitaria—alimento, agua, medicina—llegue a quien la necesita.
El Estado uruguayo conoce bien este drama. La trágica experiencia del Mavi Marmara en 2010, donde activistas fueron ejecutados en aguas internacionales por comandos israelíes, tendría que haber sido un punto de no retorno para la política mundial.
Pero no lo fue y aparentemente recorremos hoy un camino similar o peor.
Lo que ocurre en Gaza ya no puede describirse como un “conflicto”. Lo que se desarrolla ante nuestros ojos a partir del 8 de octubre de 2023 es la demolición metódica de un territorio, la aniquilación de su sistema sanitario, el desplazamiento forzado de una población entera y el exterminio sistemático y total de un grupo étnico, de vuelta, solo por el hecho de nacer y querer vivir en su tierra, donde plantaron sus antepasados y donde reposan más de 4000 años de historia de opresión.
Los reportes de organismos internacionales y de derechos humanos detallan crímenes que Uruguay, en su ordenamiento jurídico interno, está obligado a perseguir: crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pese a las dificultades semánticas que le suscita a nuestros gobernantes, existen indicios abrumadores de un genocidio en curso.
Aquí no caben las medias tintas. Uruguay no puede ser un observador neutral.
Es un Estado parte de los Convenios de Ginebra, esos tratados que nacieron de los escombros de la Segunda Guerra Mundial para que la barbarie nunca más fuera perpetuada, y mucho menos normalizada.
Esos convenios que nuestro país ratificó hace más de medio siglo nos ordenan “respetar y hacer respetar” el derecho humanitario. Callar ante el bombardeo de hospitales, la mutilación de niñxs, la hambruna generalizada y el bloqueo de ayuda humanitaria, no solo es incumplir este mandato, es ser cómplice de genocidio.
Además, Uruguay es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 4 el pacto es cristalino: hay derechos que son inviolables, que ningún estado puede suspender, ni siquiera estando en guerra. El derecho a la vida y la prohibición de la tortura y los tratos crueles encabezan esa lista.
Gaza es la negación absoluta de estos principios. ¿Hasta cuando vamos a seguir siendo cómplices de esto?
Nuestra tradición nos grita que la historia de la Patria Grande debería pesar en la consciencia de quienes hoy están en el gobierno. Fuimos de los primeros en reconocer al Estado de Palestina, presidimos con dignidad el Consejo de Seguridad de la ONU y nuestra voz ha tenido peso moral en foros internacionales.
Ese capital, ganado a pulso durante décadas, se desvaloriza día a día si no lo usamos para lo que es necesario: para exigir el cese inmediato de las hostilidades, para apoyar sin ambigüedades ni titubeos la misión humanitaria de la Flotilla y los conciudadanos que están a bordo, y para demandar que el Estado de Israel cumpla con las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia.
La política de la “mesa de dos patas” ya no es viable. No habrá paz sin justicia.
No podemos comerciar ni cooperar militarmente con un gobierno que está siendo investigado por los peores crímenes conocidos por la humanidad.
El Estado uruguayo debe posicionarse de una vez por todas en contra del genocidio y cortar de inmediato todos sus acuerdos con Israel, a la luz de su obligación legal para no ser cómplice de graves violaciones del derecho internacional.
La Flotilla de la Libertad es un símbolo. Su travesía interpela la conciencia de los pueblos del mundo y Uruguay no puede limitarse a “seguir de cerca la situación”. Tiene la obligación jurídica y moral de actuar.
Pronunciarse con claridad, apoyar la ayuda humanitaria, exigir justicia y utilizar todos los medios diplomáticos para detener el horror es nuestra obligación como Estado soberano y democrático.
Nuestra historia, y nuestras propias leyes, nos lo exigen.
El momento de liderar con valor es ahora.
La Humanidad en Gaza no puede esperar.
Y como dijo alguien una vez…“que la historia nos juzgue”.
