Editorial: 49 años de nunca más y de impunidad

Se cumplen 49 años de la ruptura democrática más importante sucedido en nuestro país a lo largo de su historia. Un golpe cívico-militar, llevado adelante por las fuerzas de la represión –militar y policial- respaldados por las Cámaras Empresariales, algunos medios de comunicación, políticos de los partidos tradicionales y el propio Presidente de la República –Juan María Bordaberry- cerraron el parlamento y abrieron el período más antidemocrático y represivo que nuestro país haya vivido.


El atropello al movimiento popular, había comenzado en 1967, con la asunción como Presidente de la República de Jorge Pacheco Areco, que siendo vicepresidente al fallecer el General Gestido asume el mandato hasta marzo de 1972.

Presidió un Gobierno que utilizó las “medidas” prontas de seguridad para reprimir las movilizaciones sociales, no sólo abusando de su convocatoria, sino que bajo su mandato ocurrieron los asesinatos de los estudiantes Liber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos (durante movilizaciones de un pueblo desarmado con las fuerzas estatales fuertemente armadas). Por supuesto que también fue usada como excusa la existencia de la guerrilla, lo que obviamente no puede explicar el cierre de medios de prensa como “Epoca” o el semanario “El Sol y la prohibición de partidos políticos.
Con la excusa de reprimir a los tupamaros, formalmente se encomendó a las Fuerzas Armadas la lucha antisubversiva​, lo cual serviría como excusa de base para la legitimación de los militares dos años después

Pero en las lecciones de 1971 en las cuales Pacheco pretendió reelegirse, fue electo por el mismo sector Bordaberry, en un proceso electoral catalogado nacional e internacionalmente como fraudulento.
Paralelamente el movimiento estudiantil y sindical se iban organizando centralizadamente. La FEUU ya venía de lucha por la autonomía universitaria desde 1958 y el movimiento sindical logra unificarse en un Congreso, el 1º de octubre de 1966. La Convención Nacional de Trabajadores (CNT) se constituía en el organismo integrado de todos los sindicatos uruguayos. Se aprobó una Declaración de Principios, el Programa de Soluciones a la Crisis, y el Estatuto. En el mismo se proponía garantizar la democracia sindical, la independencia frente al Estado, los patronos y los partidos, la no afiliación a ninguna central sindical internacional, la promoción y previendo los hechos amenazantes, responder con una huelga general a cualquier intento dictatorial, con ocupación de los lugares de trabajo.

Las campanas de alarma sonaron en febrero del 73 con los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas. El 9 de febrero, en principio entre el Ejército y la aviación, con un lenguaje demagógico/populista declaran “que es necesario resolver los problemas de la tierra, la deuda y la corrupción y que no son ni serán el brazo armado de partidos políticos o grupos económicos”, olvidando que lo que deben estar es sometidas al poder civil institucional, intentando aparecer como un sector nacionalista y popular.
Estos comunicados confundieron en un principio a gran parte de la izquierda, incluido el sector mayoritario de la CNT, a pesar de lo cual en su declaración al respecto se incluye por unanimidad reafirmar ”la ocupación de todos los lugares de trabajo y la huelga general en caso de golpe de estado o situación equivalente”.

En coherencia con los comunicados de febrero, el miércoles 27 de junio con la excusa que «la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal», Bordaberry disuelve las cámaras legislativas, con el apoyo de las FFAA y anunció la creación de un Consejo de Estado con funciones legislativas, constituyentes y de contralor administrativo; comienza así el período nefasto de 12 años de persecución, falta de libertades que comenzaron siendo al movimiento popular y se extendieron al conjunto de la población y facultó a las fuerzas armadas y policiales a asegurar la prestación interrumpida de los servicios públicos.

Fueron 12 años de cárcel, exilio, torturas y desaparición para decenas de miles de orientales. Eliminación de la libertad de expresión para aquellos que no aceptaban la dictadura, la represión se extendió a todos los “poros” de la sociedad, esos mismos poros que luego lentamente irían a expandir resistencia.
La primera y mayor fue la gran huelga general que duró 15 días como ejemplo de rechazo de los trabajadores al golpe de estado, con ocupación de fábricas y servicios como Ancap y UTE, en una demostración de heroicidad y organización fantástica (cuando desocupaban los militares una fábrica, volvían al día siguiente o cuando intentaban entrar a UTE o ANCAP, eran impedidos por amenaza de los trabajadores. La huelga fue la respuesta que venía de años atrás y cuando la dirección de la CNT resolvió la medida, la mayor parte de los lugares de trabajo ya estaban ocupados.

Pero no sólo las organizaciones sociales respondieron al llamado de la defensa de la democracia. El 9 de Julio a las cinco de la tarde, convocada de boca a boca y por Ruben Castillo en Radio Sarandí repitiendo el poema de Lorca que dice “a las cinco de la tarde”. una multitud se lanzó a la principal avenida, sin banderas políticas, pero con los principales dirigentes políticos y sociales opositores al frente, repudiando el golpe de estado. Por supuesto la marcha fue duramente reprimida, con decenas de heridos y presos. Una marcha totalmente pacífica, que lo único que hizo luego de recibir la agresión fue tratar de defenderse.

Es evidente que la infame dictadura en Uruguay y América Latina tenía como objetivos modificar las relaciones de fuerza entre Capital-Trabajo e imponer un modelo dependiente de los centros de poder (FMI. BM). Veamos un informe del año 2008 Camarada Aldo Bruno Gili (exdirigente de AEBU):

«Pensar que en 1968 debíamos US$ 50 millones (¡cincuenta millones de dólares tan sólo!). Ya en 1973, a la entrada de la dictadura estábamos en 500 millones de dólares (se había multiplicado x 10); y en 1985 cuando arrancamos la nueva democracia, la deuda externa era de unos 4.000 millones de dólares.»

Para los que intentan deformar la historia a través de calificar a la dictadura como respuesta a la sedición uruguaya o con la “teoría de los dos demonios” (esconde que la inmensa mayoría de los uruguayos.as reprimidos nunca habían utilizado un arma e inclusive la diferencia entre usar el aparato de estado en cualquier tipo de hechos y otras acción) y mucho menos una guerra civil, es que el golpe de estado en Uruguay fue parte del Plan Condor, que comenzó con la dictadura brasilera en 1964 y seguiría con la uruguaya y chilena en el 73 y Argentina en 1976, Bolivia y Paraguay, básicamente, aunque extendido a toda América del Sur.

Organizado en connivencia con los EEUU, incluyó operaciones de inteligencia y asesinatos de opositores. Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, torturas, asesinatos y desapariciones. Fue una organización clandestina de las dictaduras y sus aliados con los EEUU para instrumentar el terrorismo de estado. Como algunos de sus más emblemáticos sucesos tenemos los asesinatos de Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw, así como los vuelos de la muerte realizados desde Argentina con militantes uruguayos lanzados al mar desde aviones. Todos estos hechos están comprobados y en otros países ha sido hecha justicia.
Nuestro pueblo dio estimables muestras de hazaña frente a la dictadura, reorganizándose a pesar de las prohibiciones; recomponiendo y reinventando organizaciones y cuando en hechos inéditos la dictadura lo convocó a votar, estuvo a la altura de los hechos rechazando la reforma constitucional de 1980, que pretendía hacer perdurar mecanismos dictatoriales, la rechazo y en 1982, cuando realizó elecciones internas sólo para partidos y dirigentes permitidos, más de 70.000 uruguayos votando en blanco recordaron que existía el Frente Amplio.

Como siempre recordar, no olvidar pueden tener simplemente efectos académicos; para nosotros la memoria, la verdad y la justicia deben ser tenidos en cuenta todos los días, no sólo para lamentar a nuestros caídos y recordar las fechorías de civiles y militares que reprimieron con saña a nuestro pueblo, sino también para traer a colación lo motivos porque esto sucedió: una porción creciente de nuestra población llevaba más de una década buscando resolver los problemas sociales y económicos que vivíamos, dando un salto hacia un mundo mejor, que consideraban posible, sin explotados ni explotadores y las fuerzas regresivas no tuvieron otra forma de contenerlo que recurriendo a las a las armas y a todo el aparato de coerción que la legalidad le otorga para defender la democracia, contra decenas de miles de uruguayas.os, que buscaban perfeccionarla, una sociedad con justicia social.
Recordar y tratar de impedir la impunidad, tiene ese valor intrínseco, de que quién no olvida los hechos y las causas que se pretenden esconder.

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